“A estos negros hay que matarlos a todos”, le indicó el
comisario Fanchiotti al cabo Acosta y fueron a cargar las
escopetas con balas de plomo. Pocos minutos después
asesinaron a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Fue el 26
de junio de 2002. Ambos acaban de ser condenados por “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de
homicidio”. Otros policías, que actuaron con Fanchiotti fueron condenados a penas menores.
Los asesinatos de Kosteki y Santillán
fueron parte de una violentísima
represión generalizada ejecutada por
una fuerza compuesta por cuatrocientos
efectivos coordinados de Gendarmería,
Prefectura, Policía Federal y Policía
Bonaerense, uniformados y de civil,
junto a fuerzas irregulares parapoliciales.
Estas fuerzas actuaron durante
horas persiguiendo a manifestantes
en un radio de diez cuadras. Causaron
sesenta heridos de bala, 35 manifestantes
apresados fueron torturados en
la Comisaría 1ª de Avellaneda, y atacaron
al local de Izquierda Unida de Avellaneda
que está a nueve cuadras del
puente Pueyrredón.
Esta sola descripción de los hechos
muestra que Fanchiotti, el jefe a cargo
de la policía provincial, y el grupo de
policías que comandaba en forma directa,
no fueron los únicos responsables.
Y que las autoridades nacionales,
comenzando por el presidente
Eduardo Duhalde, que fueron las que
dieron las órdenes, y el gobernador
Solá, responsable político de la policía
de la provincia, deben ser también
juzgados.
Un triunfo de la movilización
El gobierno de Duhalde actuó
evidentemente con un plan de asestar asestar
un golpe decisivo que desmovilizara
al movimiento piquetero, dividiera
al movimiento surgido del Argentinazo
y consolidara la autoridad de su
gobierno. Actuó aprovechando un
cierto reflujo de las movilizaciones
masivas de las asambleas barriales que
se sucedían semanalmente desde el
Argentinazo, ordenando la represión
asesina contra la movilización de los
desocupados.
Después de los asesinatos, las
primeras declaraciones de Alfredo
Atanasof, jefe de gabinete, y Juan
José Alvarez, ministro de Seguridad,
sostenían que los piqueteros “se habían
matado entre ellos”.
Pero les salió el tiro por la culata.
Al día siguiente de los hechos del
puente Pueyrredón una inmensa movilización
unida de asambleístas, piqueteros,
sindicatos y la izquierda llenó
la Plaza de Mayo exigiendo castigo
a los asesinos. La indignación popular
crecía hora a hora. Las fotos
periodísticas mostraban a Fanchiotti
asesinando. El fantasma del Argentinazo
volvía a aterrar al gobierno y a
toda la burguesía.
El gobierno de Duhalde, para despegarse
de la responsabilidad, culpó
y encarceló a Fanchiotti. Junto con
eso Duhalde decidió la convocatoria
a elecciones anticipadas. Ahí se hundió
definitivamente el plan duhaldista
de completar el período de De la
Rúa y luego hacerse elegir presidente
en las elecciones.
Sin la gran movilización a Plaza de
Mayo del 27 de junio del 2002 y sin
las permanentes movilizaciones que
se sucedieron, las grandes manifestaciones
en todos los aniversarios,
los cortes del puente Pueyrredón todos
los días 26, no se hubiera llegado a condenar a Fanchiotti
y algunos de sus
cómplices directos. La
condena es un triunfo
de esta movilización
por el juicio y castigo
a los asesinos.
Juicio y castigo a todos los responsables
Pero este triunfo es parcial, porque
no están ni todos los responsables
directos, ni los responsables
políticos que dieron las órdenes. Se
intenta preservar a muchos de los
participantes directos, otros oficiales
y jefes policiales, de Gendarmería
y Prefectura que, por su actuación
en el lugar de los hechos, tienen responsabilidad
directa, y los que actuaron
sobre avenida Mitre, a varias
cuadras de la estación, adonde también
hubo heridos de bala.
Tanto el gobierno de Kirchner,
como obviamente el duhaldismo y la
justicia, han actuado preservando a
los responsables políticos. Mabel Ruiz, la mamá de Kosteki, inició en
julio del 2002 el pedido de investigación
de Eduardo Duhalde, Carlos
Ruckauf, Alfredo Atanasof, Juan
José Alvarez y el que fuera ministro
de Justicia, Jorge Vanossi (radical).
También está la responsabilidad de
los funcionarios provinciales, comenzando
por Solá. El ex juez Mariano
Bergés, abogado de Alberto Santillán,
el padre de Darío Santillán,
denunció que la causa iniciada ante
el Juzgado Federal Nº 4 contra los
responsables políticos está paralizada.
Hay que seguir la movilización
hasta que todos los responsables
sean juzgados y castigados.